En la publicación digital LawyerPress, el abogado Carlos Javier Galán, que defiende los intereses de varios afectados por la trama de Antonio Arroyo, escribe, bajo el título “Las estafas hipotecarias, otro drama social que reclama respuesta” un oportuno artículo en el que denuncia esta auténtica lacra.
El letrado, colaborador de la asociación ADEVIF,
pone de manifiesto las insuficiencias con las que se encuentran la ley y
el sistema judicial a la hora de enfrentarse a estas redes delictivas,
subrayando como ejemplo que, cuatro años después de establecer el Registro obligatorio de prestamistas privados, éste sigue sin estar plenamente operativo y sin cumplir su finalidad.
Carlos Javier Galán hace referencia al modus operandi de los presuntos estafadores, algo que por desgracia las víctimas conocemos muy bien: “Que
alguien firme ante notario haber recibido una cantidad más elevada a la
que percibe puede parecer poco creíble, un engaño sumamente burdo a
primera vista. Pero, cuando se analizan estos casos y se recaba el
testimonio de personas de las más diversas procedencias que ni siquiera
se conocían entre sí, se comprueba que estamos ante un modus operandi
sumamente elaborado (…). No es cuestión de describirlo aquí con detalle,
pero baste decir que una madeja de mentiras, de medias verdades, de
promesas incumplidas, de documentos bancarios falsificados, de firma de
documentos privados con las condiciones realmente habladas pero que
luego no se entregan a los interesados, más la presencia final de un
notario… acaban envolviendo a las víctimas, con el resultado de que
firmarán una escritura –más de veinte páginas con un contenido legal y
técnico poco comprensible para un ciudadano común- que nada tiene ya que
ver con lo que creía estar contratando. El afectado, ajeno a la
realidad, seguirá telefoneando al prestamista o sus intermediarios para
ver cómo va la prometida refinanciación o la entrega del ‘resto del
dinero’ e irá recibiendo largas. Sin ser plenamente consciente, ha
suscrito un préstamo con garantía hipotecaria por importe muy superior
al recibido y con un vencimiento a escasos meses vista. Cuando no pague
en esa fecha, comenzará a correr un interés de demora, habitualmente del
29 %. Y, finalmente, si antes no se percata del engaño ni actúa
legalmente, acabará enfrentándose a una ejecución hipotecaria, en la que
el presunto estafador o un testaferro se quedarán con su vivienda y
dejarán a su familia en la calle, habiendo realizado en la práctica un
desembolso real ínfimo, muy lejos de la deuda que formalmente justifica
la adjudicación”.
El autor considera decisiva “actuación
decidida de la Fiscalía que tome en consideración la trama en su
conjunto y no el caso individual de cada denunciante”.
El texto íntegro del artículo puede leerse aquí.